El ámbito del cumplimiento penal en España ha experimentado avances significativos en los últimos meses, reflejando la creciente importancia de la responsabilidad corporativa y la necesidad de adaptarse a un entorno normativo en constante evolución.
El 17 de marzo de 2025, la Junta de Andalucía reconoció por primera vez la posible existencia de irregularidades en los contratos sanitarios de emergencia del Servicio Andaluz de Salud (SAS). Este reconocimiento se produjo en el contexto de una investigación judicial sobre la malversación de fondos en la concesión de 235 millones de euros en contratos durante 2021 en Cádiz. La jueza permitió que la Junta se personara como perjudicada, lo que implica un cambio significativo en la postura del gobierno autonómico. Este caso resalta la importancia de la transparencia y la implementación de programas de cumplimiento efectivo en la administración pública para prevenir.
El análisis de la actualidad en materia de cumplimiento penal pone de manifiesto la creciente complejidad del entorno normativo y la exigencia de una mayor responsabilidad por parte de las organizaciones. Los recientes casos de presuntas irregularidades en la contratación pública y la inminente actualización de la norma UNE 19601:2017 reflejan un contexto en el que el cumplimiento normativo no solo es una necesidad legal, sino también un factor clave para la sostenibilidad.
Desde la perspectiva del sector privado, estas novedades deben ser interpretadas como una llamada de atención para fortalecer los sistemas de cumplimiento y evitar posibles sanciones que podrían comprometer la continuidad de la actividad empresarial. La detección temprana de riesgos, la formación continua de los empleados y la implementación de canales de denuncia eficaces son algunas de las herramientas esenciales que deben reforzarse en este contexto.
Uno de los principales retos a los que se enfrenta el sector privado es la necesidad de adaptar sus modelos de cumplimiento a la evolución de la normativa y las expectativas de los reguladores. La revisión de la norma UNE 19601 supondrá una oportunidad para mejorar los sistemas de gestión del cumplimiento penal en las empresas, alineándolos con estándares internacionales y aumentando su efectividad en la prevención.
Además, el caso de Andalucía demuestra la importancia de contar con mecanismos internos sólidos para evitar la exposición a posibles investigaciones judiciales. La existencia de una cultura ética dentro de la organización, respaldada por un liderazgo comprometido con el cumplimiento, es fundamental para garantizar que las políticas de prevención no sean meros documentos formales.
En este sentido, las compañías deben asumir un enfoque proactivo, considerando el cumplimiento penal como un elemento estratégico y no simplemente como un requisito regulatorio. Un sistema de cumplimiento bien diseñado no solo minimiza los riesgos legales y reputacionales, sino que también fortalece la confianza de clientes, inversores y otros grupos de interés, mejorando la competitividad y la sostenibilidad.
Jose A. Jiménez
Abogado Colegiado (ICAM)
Director Jurídico del Bufete
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